PARO ARMADO Y VIOLENCIA DEJAN AL MENOS 28 INCIDENTES Y AFECTAN TRANSPORTE DE CARGA EN OCHO DEPARTAMENTOS.
La seguridad se ha convertido en un factor determinante para la estabilidad de la actividad productiva y la movilidad en Colombia, en medio de un escenario marcado por la expansión de economías ilícitas, el aumento de la presencia de grupos armados y hechos recientes que han impactado corredores estratégicos del país.
Un informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional documenta cómo el deterioro del orden público incide directamente en la libertad de empresa, los costos operativos y las decisiones de inversión, mientras los gremios del transporte de carga reportan afectaciones concretas derivadas del paro armado declarado por el ELN, con impactos sobre la cadena logística nacional.
Seguridad y libertad de empresa bajo presión
El Consejo Gremial Nacional plantea que la seguridad constituye un bien público esencial, cuya afectación repercute de manera directa sobre la actividad empresarial, la generación de empleo formal y la confianza de los inversionistas. El informe señala que la seguridad física, jurídica y digital forman parte de un mismo entorno que permite administrar los riesgos inherentes a la actividad económica. Cuando ese entorno se deteriora, se incrementan los costos de transacción, se restringe la inversión y se afecta la continuidad de los procesos productivos.
La inseguridad, de acuerdo con el documento, se manifiesta a través de múltiples conductas que presionan la operación empresarial. El homicidio, el secuestro y las amenazas contra trabajadores generan entornos laborales frágiles, reducen la movilidad del talento y obligan a replantear horarios, rutas y esquemas de supervisión. Estas condiciones incrementan los costos operativos y, en algunos casos, limitan la capacidad de las empresas para atraer o retener personal calificado, afectando la productividad y la estabilidad de las operaciones.
La extorsión es identificada como uno de los principales factores de presión sobre el sector productivo. El informe la describe como un mecanismo que altera la planeación financiera, condiciona la ejecución de proyectos y afecta por igual a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En determinados territorios, las exigencias extorsivas se han sofisticado, incorporando condicionamientos relacionados con la contratación de servicios, el transporte de mercancías o el acceso a determinadas zonas.
A estas dinámicas se suman las afectaciones a la infraestructura y a la logística. La voladura de vías, los atentados contra oleoductos, los bloqueos prolongados y el sabotaje a instalaciones interrumpen los flujos de bienes y servicios, generando sobrecostos por desvíos, pérdida de mercancía e incumplimiento de contratos. Sectores como el transporte de carga, la agroindustria, la manufactura y el comercio enfrentan mayores dificultades para garantizar la continuidad de sus operaciones, lo que incide en la confiabilidad de las cadenas de suministro y en la competitividad del país.
El documento también señala que el crecimiento del cibercrimen amplía la superficie de riesgo para las empresas. Aunque en 2025 se registra una reducción anual de los delitos informáticos frente al año anterior, la tendencia de largo plazo muestra un crecimiento sostenido, con el hurto por medios informáticos como la conducta más frecuente. Esta situación obliga a destinar recursos crecientes a inversiones en ciberseguridad, protocolos de respuesta y capacitación interna, en un contexto de mayor digitalización de los procesos productivos y comerciales.
Fuente: Portafolio
PRESENCIA DEL ELN Y BLOQUEOS REAVIVAN EL MIEDO EN LAS CARRETERAS Y PONEN EN JAQUE AL TRANSPORTE DE CARGA EN PLENA TEMPORADA NAVIDEÑA.
La escalada de violencia, con atentados, cierres viales y restricciones operativas, obligó al sector a reforzar medidas de seguridad y encendió las alertas por el impacto en la logística, el abastecimiento y la economía del país.
El transporte de carga volvió a encender las alertas en Colombia en uno de los momentos más sensibles del año. A pocos días de Navidad, cuando el movimiento de alimentos, insumos y mercancías se intensifica, la seguridad en las carreteras se convirtió en una preocupación central para un sector que hoy opera bajo amenaza constante y con márgenes de riesgo cada vez más altos.
La declaración de un paro armado por parte del ELN, vigente entre el 14 y el 17 de diciembre, profundizó un escenario que los transportadores venían advirtiendo desde hace meses. De acuerdo con Fedetranscarga, la medida ilegal buscó frenar la movilidad y afectar de manera directa la cadena logística nacional, un golpe que no solo impacta a las empresas transportadoras, sino al abastecimiento de los hogares y a la estabilidad económica del país.
En los primeros días de la acción armada se reportaron al menos 13 hechos violentos en distintos puntos del territorio nacional. Entre los más graves figuran bloqueos en Pelaya, Cesar; acciones delictivas en Curumaní; la voladura del peaje La Lizama mediante una motobomba que dejó dos personas heridas; el asesinato de un conductor de ambulancia en Santander; y el cierre total del sector de San Roque, también en Cesar, por la presencia de artefactos explosivos improvisados. A esto se suma el anuncio del grupo armado de considerar objetivos militares instalaciones y vehículos de la Fuerza Pública, lo que incrementó el riesgo para quienes transitan por los corredores viales.
Para el gremio transportador, estos hechos no son aislados. Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, aseguró a Infobae Colombia que el deterioro de la seguridad vial es evidente y profundo. “Los transportadores tenemos toda la certeza de que se ha deteriorado enormemente”, afirmó, al advertir que el país está regresando a dinámicas que parecían superadas. Incluso recordó que “estamos regresando a las épocas antes del año 2002, en donde incluso el tránsito nocturno en las vías estaba prohibido”.
Ese retroceso, explicó, no solo pone en riesgo la vida de los conductores, sino que encarece toda la operación logística. “Esperamos no tener que volver a ese tipo de restricciones porque las demoras en los tiempos logísticos determinan mayores costos”, señaló Cuervo, que alertó sobre la pérdida de competitividad que esto implica para Colombia.
A la violencia armada se suma otro fenómeno que el sector considera desbordado, los bloqueos. Según Fedetranscarga, desde 2023 se registrron más de 2.000 cierres de vías en el país. “Siempre se recurre al bloqueo de las carreteras en perjuicio de los transportadores del país y por supuesto de la economía colombiana”, dijo Cuervo, al recordar que el 96% de las mercancías que se mueven en Colombia lo hacen por carretera y en camiones.
El dirigente gremial también fue crítico frente a la capacidad de respuesta del Estado. Aseguró que tanto el Ejército como la Policía reconocieron limitaciones operativas por falta de recursos, situación que se agravó tras los recortes presupuestales a las Fuerzas Armadas. “Haber recortado para el año 2023 $800.000 millones y en el año 2024 casi un billón, eso ha sido un perjuicio enorme cuando hablamos de seguridad”, afirmó.
Ante este panorama, las empresas transportadoras tuvieron que adoptar medidas propias para reducir riesgos. Cuervo explicó que hoy el sector opera con información previa sobre corredores peligrosos, restringe horarios, organiza caravanas y activa planes internos de seguridad. Sin embargo, advirtió que ni siquiera estas estrategias garantizan protección total, pues los ataques ya no se limitan a las carreteras, también se presentan en zonas urbanas, como ocurrió en Cali con la quema de tractomulas dentro de parqueaderos.
Desde Fedetranscarga insistieron en que la situación actual configura “una de las crisis más agudas de las que hemos vivido en los últimos 30 años”. Para el gremio, la persistencia de la violencia y los bloqueos no solo frena el transporte, sino que amenaza el crecimiento económico del país. Cuervo fue enfático al señalar que detener los camiones es paralizar la economía y advirtió que, de mantenerse este escenario, las proyecciones de crecimiento podrían verse seriamente afectadas.
Pese a todo, el sector asegura que seguirá operando. “Seguimos siendo los transportadores de carga en Colombia supremamente resilientes”, dijo el presidente de Fedetranscarga, al reiterar que continuarán trabajando 24/7 para sostener la productividad, el comercio exterior y la seguridad alimentaria del país.
Fuente: Infobae
PARO ARMADO DEL ELN INICIÓ ESTE DOMINGO Y YA HAY CIERRE EN LA VÍA CÚCUTA–PAMPLONA POR CILINDRO CON INSIGNIAS DEL GRUPO.
El paro armado inicio este domingo 14 de diciembre.
Tras el anuncio del paro armado nacional de 72 horas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comenzó este domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana, se registraron cierres viales en distintos puntos del país por la instalación y el abandono de cilindros con insignias de ese grupo armado.
En Norte de Santander, la vía Cúcuta–Pamplona fue cerrada a la altura del PR 93, luego de que conductores reportaran el abandono de un cilindro con emblemas del ELN en el corredor vial, una de las principales conexiones entre la capital departamental y el interior del país.
La información fue confirmada por las autoridades, que procedieron a acordonar el sector mientras unidades especializadas se desplazaban al lugar para establecer la naturaleza del objeto y descartar riesgos para la población civil y los usuarios de la vía.
De acuerdo con la Policía Nacional, la situación en ese punto se mantiene en verificación en terreno, en medio de las medidas de seguridad adoptadas por el inicio del paro armado.
A estos hechos se sumó un segundo reporte en el suroccidente del país. En Mondomo, sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali, el Ejército y la Policía retiraron y destruyeron de manera controlada un cilindro con emblemas del ELN que había sido instalado en la carretera, según informaron las autoridades.
En la zona también se reportó la instalación de banderas alusivas al grupo armado ilegal. La vía fue cerrada de manera temporal mientras se adelantaba el procedimiento y posteriormente fue habilitada.
El ELN informó previamente que el paro armado nacional se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre a las 6:00 de la mañana. En un comunicado, el grupo armado señaló que la medida se adopta como una forma de protesta contra lo que considera un “plan neocolonial” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Tras el anuncio, el frente de guerra urbano nacional confirmó su participación en la jornada de 72 horas y lanzó advertencias a varias de las principales ciudades del país.
En el comunicado, el ELN hizo un llamado a los habitantes de ciudades como Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán para evitar permanecer cerca de instalaciones, vehículos y motos de la Fuerza Pública.
Además, instó a las empresas de transporte público y al comercio en general a suspender actividades durante los días de vigencia del paro armado.
Frente a estos hechos, el Gobierno Nacional confirmó el despliegue de la Fuerza Pública en las regiones y reiteró el llamado a la ciudadanía a no manipular objetos abandonados o sospechosos y a reportar cualquier situación a las autoridades.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que el ELN “persiste en amenazar al pueblo colombiano” y aseguró que todas las capacidades militares y policiales están activadas para proteger a la población durante la vigencia del paro armado.
Fuente. Semana
